El Aborto - Lectura 12

12. Los ginecólogos contra el aborto

(ABC, 8-XII-2008)

Los ginecólogos piden que la nueva ley del aborto que se está discutiendo en el Parlamento español prohíba los abortos de fetos viables. Durante 2007 se produjeron en España 2.164 abortos de más de 21 semanas de gestación. Unas cifras que escandaliza a José Zamarriego, presidente de la Comisión de Bioética de la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia). Este prestigioso médico, realizó, durante su comparecencia el pasado 3 de diciembre, ante la subcomisión encargada para analizar la ley del aborto, una interesante propuesta. Solicitó que la futura legislación impida abortar por encima de las 21 semanas y que se articulen las medidas necesarias para que esos fetos «totalmente viables» en lugar de acabar en trituradoras o en cubos de basura sean entregados a los neonatólogos y a las incubadoras.

Para la SEGO el feto viable es aquel que alcanza las 22 semanas de gestación. “A partir de ahí no se puede hablar de aborto. Hay que hablar de infanticidio”. «Creemos —prosiguió— que cuando un feto es viable lo que hay que hacer no es matarlo, sino entregárselo al neonatólogo ¿Usted quiere interrumpir su gestación? Interrúmpala, pero el producto de la gestación déselo al neonatólogo, que vaya a una incubadora, si le hace falta porque a veces ni siquiera eso es preciso».

«Estos fetos —señaló—'lo único que necesitan para sobrevivir es que se lo entreguen al técnico correspondiente. Esto es algo elemental y que debería ser recogido en la ley. No hay que olvidar que en el ordenamiento jurídico español, a través de la Ley de Dependencia, se trata de proteger a los seres más débiles afectos de enfermedades o situaciones que requieren la dependencia de otros para su bienestar e incluso para su supervivencia».

Asimismo, criticó que «una cuestión importante que se omite en la actual ley es la de que puedan presentarse a la mujer en dificultades las alternativas necesarias al aborto. En la posible futura ley esta ausencia debería ser corregida y los poderes públicos deberían garantizar la protección de la mujer que decide no abortar poniendo a su disposición cuantos medios sean necesarios».

Reconoció también que ante los diputados descalificó la ley de plazos ya que, a su juicio, «se basa en que la madre tiene derecho absoluto sobre el feto, como un derecho de propiedad que no tuviera ningún limite, y eso no puede ser. El otro concepto que utilizan los que defienden la ley de plazo es el de la “dependencia plena de gestación subordinada a la decisión de la mujer”. Esto es falso porque, en todo caso, es plena sólo hasta que el feto no tenga viabilidad fuera del útero».

«Quiero desprivatizar el aborto —señaló—. Es un escándalo que el único acto sanitario que se encuentra en manos privadas sea el aborto (el 97 %). Los hospitales públicos están en condiciones, por supuesto respetando la objeción de conciencia de los médicos, de ofrecer calidad

y legalidad».

«En las clínicas privadas, que sólo buscan el lucro económico, ha sido norma habitual la ausencia de todo control. En estas clínicas privadas, se produce un evidente y constante fraude de ley ya que el supuesto despenalizador —”...para evitar un grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada...”— se ha convertido en un cajón de sastre sin control en el que falta con demasiada frecuencia el dictamen emitido por un médico de la especialidad», concluyó.